El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación liderado por Federico Sturzenegger, ha emitido una resolución que insta a los empleados públicos que cumplan con los requisitos para jubilarse a iniciar el trámite correspondiente en un plazo de 30 días. La medida, formalizada en la resolución 3/2024 y publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar el uso de los recursos estatales, en línea con el plan de reducción del tamaño del Estado.
Según lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241, están obligados a iniciar el proceso aquellos empleados que hayan cumplido 65 años, tanto hombres como mujeres, y quienes puedan acreditar al menos 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad.
Anses: el gobierno de Milei eliminó el registro de gestores para trámites de jubilaciones y pensionesEl documento fundamenta la decisión en la Ley de Bases, que declaró la emergencia pública en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas por un período de un año. Esta ley faculta al Ejecutivo para mejorar la eficiencia del Estado, promoviendo una gestión más transparente y eficiente, con el objetivo de reducir la estructura estatal, disminuir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.
¿Quiénes son los empleados públicos que deberán jubilarse?
Aunque la norma no aplica directamente a ciertas entidades, se recomienda su implementación en empresas estatales, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal, sociedades de economía mixta y otras organizaciones donde el Estado tenga participación significativa en el capital o en la toma de decisiones.
El Pacto de Mayo, la trampa del ajuste jubilatorio y los zurditos del FMIEl personal afectado deberá acogerse a la jubilación, pero existen excepciones para quienes ocupan cargos ejecutivos de nivel Coordinador o sus equivalentes en otras estructuras orgánicas. Además, se otorga a las autoridades de rango no inferior a Secretario la facultad de solicitar una prórroga para los empleados de Planta Permanente cuya continuidad sea considerada esencial para el funcionamiento del área, previa justificación estratégica.
Los responsables de las unidades de personal de cada organismo deberán reportar el cumplimiento de esta normativa a la Oficina Nacional de Empleo Público dentro de los cinco días hábiles posteriores a la intimación, con el objetivo de asegurar un seguimiento adecuado del proceso.